A pesar que la ciudadanía les dijo un no rotundo por dos veces, siguen insistiendo. Ahora "apoyándose" en la OEA, organismo que las huestes progresistas siempre criticaron y le quitaron importancia.
Caducidad
En estos días, el gobierno del Frente Amplio se preocupa por neutralizar una acción relativa a nuestro país presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El caso Gelman es lo que está en cuestión pues se aduce que la ley de caducidad impide investigarlo, hallar los restos del hijo y la nuera del poeta Gelman, así como identificar y castigar a los culpables. Lo que la Corte puede resolver es recomendarle a Uruguay que derogue o anule la ley de caducidad aunque carece de potestades para imponerle una determinada conducta.
A la Corte de la OEA no le importan dos cosas. La primera es que la ley fue votada por el Parlamento y ratificada en dos plebiscitos populares, separados uno de otro por veinte años, en los cuales el pueblo uruguayo ratificó su vigencia. La segunda es que el caso Gelman fue de los más investigados por aplicación del artículo 4 de la ley de caducidad que permite al Poder Ejecutivo declarar excluidos de la ley algunos casos e indagarlos a fondo.
Eso es lo que se hizo del gobierno de Batlle en adelante con la demanda de Gelman. Tanto se hizo que en un momento muy publicitado el comandante del Ejército de la época junto con la nieta de Gelman creyeron haber hallado los restos. Fue una frustración, pero reveló que la pesquisa se desarrollaba con todo el apoyo oficial. Nada obsta a que esos trabajos se retomen como ocurrió en el gobierno de Vázquez. La vía está libre para seguir investigando el caso sin necesidad de derogar o anular la ley de caducidad.
Lo más llamativo es que la OEA, siempre tan denostada por la izquierda, se haya convertido, de golpe, en una institución sacrosanta para el Frente Amplio.
Cosas veredes, Sancho.
El País Digital
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